
Una de las mĆ”s groseras mĆ”culas del proceso de reforma de la dictadura franquista, al que Vidal Beneyto llamó con sarcasmo āinmaculada transiciónā, fue el favorable trato que el nuevo rĆ©gimen polĆtico, democrĆ”tico ma non troppo, dispensó a la Iglesia católica. Gracias a los acuerdos con la Santa Sede, negociados en secreto mientras se discutĆa pĆŗblicamente la Constitución en la que no caben, la Iglesia espaƱola conserva ancestrales privilegios y disfruta de un rĆ©gimen fiscal de excepción.
Sabemos que el Papa habla ex cathedra cuando se refiere a asuntos de fe, es decir, que no yerra cuando fija la āverdaderaā interpretación de los misterios que nutren el esotĆ©rico discurso eclesiĆ”stico, pero lo que no sabĆamos -Āæy cuĆ”nto no sabemos?- es que los obispos espaƱoles disfrutan de una autoridad similar cuando hablan de propiedades tan mundanas como terrenos, edificios, huertos, casas parroquiales, seminarios o cementerios. Por una disposición de la dictadura -una ley de 1946, aĆŗn vigente-, un obispo detenta la misma autoridad que un registrador o que un notario en asuntos de esa Ćndole: no precisa una escritura, como los demĆ”s mortales, para registrar a su nombre una propiedad, le basta con una comunicación diocesana en la que se afirme tal pertenencia.
En 1998, el católico gobierno de Aznar, extendió ese privilegio a los templos y a lugares de culto religioso, y desde entonces, con el habitual sigilo, la Iglesia, segĆŗn fuentes diversas, ha inscrito a su nombre mĆ”s de cuatro mil capillas, ermitas y catedrales, que, supuestamente, carecĆan de inscripción de dominio porque eran, simplemente, de los municipios. En el lote caben tambiĆ©n lugares de culto no católico, porque ese privilegio no afecta a otras confesiones, no fuere a suceder que algĆŗn clĆ©rigo musulmĆ”n quisiera reclamar la propiedad de una mezquita o algĆŗn rabino pretendiera hacer lo mismo con la Sinagoga del TrĆ”nsito, con la de Córdoba o con otras de las que hay en EspaƱa.
La Iglesia, mientras llega el paraĆso celestial, sigue viviendo en un paraĆso fiscal
Con la osadĆa que la caracteriza, en 2006 la Curia EspaƱola registró o inscribió a su nombre la Mezquita de Córdoba, que ahora ya es sólo catedral. Por la módica cantidad de 30 euros, se hizo con una joya arquitectónica de 23.400 metros cuadrados de superficie, y de un valor histórico y cultural incalculable, y ademĆ”s con el pingüe negocio que proporcionan 1.200.000 visitantes al aƱo, que pagan una entrada de 8 euros por persona, lo que proporciona unos ingresos cercanos a los 10 millones de euros anuales, libres de impuestos, porque la Iglesia, mientras llega el paraĆso celestial, sigue viviendo en un paraĆso fiscal.
Ante este nuevo abuso de la Conferencia Episcopal con la colaboración de las autoridades civiles, un sector de la sociedad se ha movilizado para revocar la actual propiedad de la Mezquita.
Interpelado en el Senado por un diputado de Izquierda Unida, el ministro de Justicia, RuĆz Gallardón, ha dicho que expropiar la Mezquita de Córdoba a la Iglesia serĆa un despropósito jurĆdico y económico, por el coste que tendrĆa para el erario pĆŗblico. No, ministro, lo que ha sido un despropósito es la apropiación, efectuada al amparo de una ley con la que el gobierno de Franco premiaba la colaboración de la Curia en la guerra civil y la uncĆa a la posterior suerte de la dictadura. Y respecto al coste, no serĆa alto ni mucho menos, a no ser que se estĆ© animando al obispado cordobĆ©s a especular con un edificio que le ha costado 30 euros y que realmente vale millones.
Aunque los responsables de esta aventura eclesiĆ”stico-financiera merecen ser expulsados de la Mezquita a latigazos, como JesĆŗs, aquel pobretón de Nazaret, expulsó a los mercaderes del atrio del templo, basta con que se devuelvan a la Iglesia las 30 monedas que ha pagado por el expolio, para volver a la situación precedente. Y en algĆŗn momento, en este paĆs, habrĆ” que colocar a la Iglesia en el lugar que le corresponde en un rĆ©gimen democrĆ”tico y no confesional.