La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH) ha iniciado este sábado en Madrid una marcha hasta el Palacio de la Moncloa que ha congregado a más de 4.000 personas para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que todos los pacientes afectados por el virus sean tratados con los fármacos de última generación que se están autorizando.
La iniciativa, convocada bajo el lema 'Díselo al Gobierno: tratamientos para tod@s', ha arrancado a las 9.45 horas en la Plaza de Legazpi de Madrid.
En declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha, el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, ha afirmado que van a mandar al presidente del Gobierno "el apoyo de la ciudadanía" que tienen para pedirle que solucione el conflicto de los enfermos de la hepatitis C.
"Cada día tenemos más apoyo puesto que se están abriendo plataformas en todo el país, pero no sólo de hepatitis C sino de otras enfermedades, porque este es el problema de la sanidad pública y nosotros seguiremos en la calle y cada día seremos más", ha asegurado Cortés.
Asimismo, ha querido advertir al Gobierno de que no pararán el encierro en el Hospital 12 de Octubre de Madrid hasta que no reciban "el tratamiento todos los enfermos de hepatitis C y haya una voluntad clara política de dar una solución al conflicto", ha asegurado el presidente de la PLAFH.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha reprochado al Gobierno que llevemos ya un tiempo con la posibilidad de utilizar los nuevos fármacos para erradicar la hepatitis C que considera "una pandemia silenciosa" y sin embargo, se "aplican medidas restrictivas y confusas". "Les pasa como con la recuperación económica dicen que ya está pero los pacientes no lo ven y mientras los pacientes no lo ven, no está", ha espetado Llamazares.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno tiene que "autorizar los fármacos, tiene que financiarlos y, en su caso, si la compañía quiere especular tiene que autorizarlo como genérico". Por tanto, el Gobierno "no tiene excusa en no poner en marcha un plan de erradicación de la hepatitis C en España", ha señalado.
Por su parte, en la misma línea el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha reivindicado que "el negocio no puede estar por encima de la vida de la gente" en referencia a la disparidad de precios de ventas a los que distribuye el medicamento la farmacéutica. Y ha asegurado que si son "entre 30.000 y 50.000 pacientes diagnosticados con 15 días de intereses de la deuda se podría salvar la vida de ellos", pero que aunque no se utilizara ese dinero hay recursos para pagar el medicamento.
"Hay que plantearse una revisión profunda de las patentes, tienen que intervenir los Estados en la economía y en las patentes". porque, a su juicio, no se puede permitir la "disparidad de precios". En su opinión, estas diferencias demuestra que las empresas "no tienen más sentido que el del negocio" y que "el precio real del producto es de entre 100 y 400 euros un tratamiento de 24 semanas" y cuesta 40.000 euros al Estado, ha asegurado Lara.
Desde UPyD su líder, Rosa Díez ha calificado de "vergüenza" que los pacientes de hepatitis C se tengan que manifestar para reivindicar un derecho fundamental como es el "derecho a la salud". Por ese motivo, espera que esta manifestación sea "un punto y a parte en la actuación del Gobierno con todo lo que tiene que ver con la salud pública y los derechos de los ciudadanos", ha espetado Díez.
Además, Díez le ha reprochado al Gobierno una actitud que considera "inaceptable e inhumana" puesto que considera que han perdido la "piedad y la razón" al no permitirles disponer de un medicamento que les puede salvar la vida a los enfermos de hepatitis C. "Ellos no van a parar hasta conseguirlo en España o en Europa y con ellos vamos a estar todos los ciudadanos anónimos o no anónimos porque tienen derecho y tiene razón", ha asegurado la líder de UPyD.
Desde CC.OO. Madrid, su secretario general, Jaime Cedrún, ha reprochado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González que "si no perdonara los 6.000 millones de euros a los grandes contribuyentes madrileños" habría dinero para todos los tratamientos. Por esto, ha pedido que se arregle "ya porque se puede actuar y hay recursos".
